Deporte593
El titular de FEF aclara la continuidad del ente electoral del fútbol ecuatoriano hasta 2026, frente a cuestionamientos de la oposición.
Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), ofreció una contundente explicación sobre la ausencia de una nueva elección para el Tribunal o Comisión Electoral durante el reciente Congreso de la entidad. Sus declaraciones buscan disipar las acusaciones de sectores opositores que han cuestionado la legalidad y transparencia del proceso, generando un nuevo capítulo en la tensa disputa por el control del fútbol nacional.
En una entrevista concedida a MARCA 90, Egas defendió enérgicamente la validez y continuidad de la Comisión Electoral. El titular de la FEF fue categórico al afirmar que no existía ninguna obligación estatutaria para convocar a una nueva elección, ya que el organismo actual fue designado para un periodo específico que aún no ha concluido. "La Comisión Electoral es electa cada cuatro años. Fue elegida al final del 2022 y sigue en funciones hasta octubre de 2026. No había la necesidad de elegir una nueva, porque ya había sido elegida y está en funciones", sentenció Egas, buscando zanjar las dudas sobre la permanencia de sus integrantes y la legalidad de su accionar.
Mientras que desde la vereda contraria, sus criticas giran en torno a la presunta cercanía ideológica y operativa de la Comisión Electoral con la actual dirigencia. Estos sectores han expresado públicamente su preocupación, sugiriendo que esta afinidad podría haber influido en decisiones clave, como la no aceptación de la lista alternativa propuesta por Esteban Paz. La oposición insiste en la necesidad de un organismo electoral completamente independiente para garantizar la equidad y la transparencia en cualquier proceso comicial dentro de la federación.
Egas, por su parte, se mantiene firme en su postura. Recalcó que la designación de los miembros de la Comisión Electoral se realizó en estricto cumplimiento de los estatutos vigentes de la FEF, y que su mandato legal se extiende hasta el año 2026. Por lo tanto, desde la perspectiva del oficialismo, no correspondía ni era necesario realizar una nueva designación de sus integrantes tras la finalización del reciente Congreso, lo que refuerza la idea de que el proceso se ajusta a la normativa interna.
