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La Procuraduría aclara que la nueva Ley del Deporte no reinicia los mandatos en la FEF, complicando las aspiraciones de reelección en un entorno electoral candente.
La Procuraduría General del Estado reafirmó este miércoles una posición clave sobre la aplicación de la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, publicada en febrero de 2026, que impacta directamente en la discusión sobre la reelección en federaciones deportivas como la Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El organismo resolvió que la entrada en vigencia de la nueva normativa no reiniciará, interrumpirá ni modificará los períodos previamente ejercidos por dirigentes y autoridades elegidos bajo la ley anterior.
La consulta y el dictamen de la Procuraduría despejan las dudas que surgieron tras la actualización legal. De acuerdo con el pronunciamiento oficial, los periodos cumplidos antes de la ley continúan sumándose y cuentan para el límite total permitido a los cargos directivos. Así, no existe ningún tipo de "borrón y cuenta nueva"; el cómputo se mantiene y sostiene la intención legislativa de evitar mandatos prolongados.
Esta precisión incide directamente en la controversia actual sobre la presidencia de la FEF y la posibilidad de nuevas candidaturas de sus actuales autoridades. En particular, Francisco Egas, presidente del organismo desde 2019 y quien se encuentra en su segundo período, queda implicado en las limitaciones legales planteadas. La ley estipula un máximo de dos mandatos consecutivos, aunque algunas interpretaciones extienden esta restricción a dos periodos en total, en cualquier modalidad.
El Viceministerio del Deporte ha sido enfático al señalar que nadie puede superar dos períodos seguidos en la dirección de federaciones deportivas. El respaldo de la Procuraduría refuerza esta postura, excluyendo cualquier posibilidad de reiniciar el conteo de años con la vigencia de la nueva ley.
Ante este escenario, la FEF sostiene que cuenta con informes favorables de FIFA y Conmebol, organismos internacionales que, desde la perspectiva de la federación, no avalarían restricciones retroactivas y confían en la reforma estatutaria adoptada en 2023. Según argumenta la entidad, el desarrollo del proceso electoral planeado para el 17 de marzo sigue su curso con respaldo dentro del Congreso.
Se abre así un debate entre la aplicación de la ley ecuatoriana y los criterios que rigen para FIFA y Conmebol, lo que podría llevar la definición del caso a instancias judiciales si surgen reclamos formales o acciones de amparo ante la justicia ecuatoriana.
