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La acusación de la Fiscalía revela una intricada red de lavado de dinero vinculada al tráfico de combustibles, involucrando a la cúpula del gobierno local y un club de fútbol.
Una investigación de la Fiscalía puso en la mira a los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez tras ser señalados como presuntos responsables de una red dedicada al lavado de activos vinculada al tráfico ilegal de combustibles, esquema que habría operado a través de complejas rutas de desvío y blanqueamiento de fondos en Guayaquil.
Durante una audiencia clave realizada en Quito, en la que se abordó la posible prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, la Fiscalía expuso el funcionamiento interno de lo que denominó una presunta estructura criminal. La entidad acusadora explicó cómo los implicados utilizaron la compra y manejo de empresas para legitimar fondos provenientes de la comercialización ilegal de combustibles subsidiados.
Según la exposición de la Fiscalía, sustentada por el testimonio de un exdirector financiero del conglomerado empresarial relacionado con los procesados, los sospechosos habrían creado un centro de acopio donde recibían combustibles subvencionados, originalmente destinados a sectores automotriz y naviero nacionales. Desde ese punto, desviaban el producto para venderlo a embarcaciones de bandera extranjera a precios internacionales, obteniendo ganancias elevadas al margen de la legalidad.
El fiscal Dennis Villavicencio profundizó respecto al posible destino de los recursos, señalando que las ganancias ilícitas no solo se movían mediante la adquisición de nuevas empresas, estaciones de servicio o aumentos de capital sin justificación, sino que además, parte de este dinero se canalizaba hacia el reconocido club deportivo Barcelona Sporting Club.
La Fiscalía detalló que aproximadamente dos millones de dólares se habrían inyectado y lavado en esta institución deportiva bajo la figura de préstamos. Aquiles Alvarez, quien fue vicepresidente del club, y Antonio Alvarez, expresidente de la entidad, figuran entre los principales investigados por este flujo de dinero que, según las pesquisas, provendría directamente de la comercialización irregular de combustibles.
Para respaldar estas operaciones, los acusados habrían constituido un holding empresarial diseñado para administrar y controlar múltiples compañías vinculadas a la red. Según los investigadores, este mecanismo permitió la expansión y el blindaje de la estructura ilegal.
