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La senadora acusa a la cúpula del fútbol ante el organismo sudamericano por lavado de activos
La senadora nacional de Argentina, Patricia Bullrich, presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lideradas por Claudio "Chiqui" Tapia. La denuncia solicita una investigación preliminar por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la organización sudamericana, en un contexto donde ya existen investigaciones judiciales en curso por lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial.
La denuncia de Bullrich, respaldada por documentación oficial y expedientes judiciales abiertos en Argentina, detalla un complejo entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según la senadora, comprometen la integridad y transparencia de la AFA. El foco principal se centra en la posible utilización de empresas interpuestas para la adquisición y administración de bienes de altísimo valor económico, involucrando a personas del entorno dirigencial de la AFA y a proveedores oficiales de la entidad.
Medios Argentinos recaban que uno de los puntos clave de la denuncia es la investigación judicial en curso sobre la sociedad Real Central S.R.L. Esta empresa, formalmente integrada por Luciano Pantano, un monotributista, y Ana Lucía Conte, una jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal, habría sido utilizada como vehículo para la tenencia de bienes que no se corresponden con la capacidad económica declarada de sus titulares. Entre los activos bajo análisis se destaca una propiedad de más de diez hectáreas en Villa Rosa, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, harás con caballos de alta competencia y una colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos.
La denuncia hecha por Bullrich, quien recientemente renunció como ministra de seguridad del gobierno de Javier Milei, pone el foco en las contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas. De acuerdo con el Boletín N.º 6089 de la AFA, fechado el 25 de marzo de 2022, Malte S.R.L. fue contratada de manera directa por un monto aproximado de 550.000 dólares estadounidenses para la finalización de la instalación del sistema VAR. Aunque el documento oficial destaca que la empresa es de "reconocida trayectoria y antigüedad como Proveedora Oficial de la Asociación", la denuncia sostiene que existen vínculos societarios y personales con exdirectivos del organismo, lo que plantea serios interrogantes en materia de conflicto de intereses y falta de transparencia.
En medio de la denuncia se resalta una causa judicial federal vinculada a la firma Sur Finanzas, relacionada con Claudio Tapia. Recordar que en este caso días atrás, se realizaron más de treinta allanamientos simultáneos en sedes de la AFA y en clubes de fútbol, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal. Según surge de las actuaciones, Sur Finanzas habría operado como instrumento financiero recurrente dentro del ecosistema de clubes, generando relaciones de dependencia económica, exclusividad contractual y una posible afectación de la autonomía institucional de las entidades afiliadas. La investigación alcanza a 17 clubes y analiza un esquema basado en el otorgamiento de préstamos sobredimensionados, mediante el cual se habrían canalizado fondos de origen ilícito hacia circuitos formales.
A las investigaciones judiciales se suman observaciones administrativas formuladas por la Inspección General de Justicia (IGJ). La AFA presenta ocho años de estados contables sin aprobación, con partidas observadas que incluyen gastos administrativos y de gestión por aproximadamente 18 millones de dólares, pagos al Colegio de Árbitros y a la Escuela Técnica por 3,5 millones de dólares, gastos de selecciones nacionales por 44 millones de dólares y aportes y subsidios a FIFA y CONMEBOL por 12,5 millones de dólares. En total, existen más de 111 millones de dólares sin adecuada justificación contable. Además, la Dirección General Impositiva (DGI) presentó denuncias por presunta apropiación indebida de tributos y contribuciones por un monto superior a siete mil millones de pesos, atribuibles a la conducción de la AFA bajo la presidencia de Claudio Tapia.
En cuanto al rol de CONMEBOL en está denuncia, el marco normativo de la institución establece la prohibición expresa de la participación directa o indirecta en actos de corrupción, lavado de dinero y ocultamiento patrimonial, y obliga a investigar, documentar y sancionar tales prácticas. La denuncia sostiene que el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol es plenamente competente para intervenir en la presente denuncia, conforme a lo dispuesto en el Código de Ética y en la Política Anticorrupción, Anti soborno y de Cumplimiento. Se enfatiza que la competencia del Tribunal de Ética es autónoma e independiente de las investigaciones penales, fiscales o administrativas que se desarrollen en el ámbito de los Estados nacionales, y que la existencia de causas judiciales abiertas "refuerza el deber institucional de analizar si las conductas investigadas afectan los principios éticos y de gobernanza que rigen el fútbol sudamericano".
