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El viceministro del Deporte reitera que el actual directorio del COE no cumple con la legalidad, y propone nuevas elecciones para resolver la controversia y garantizar la transparencia.
El conflicto entre el Viceministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) sigue sin resolverse, lo que ha impedido el registro formal de la nueva directiva del COE, elegida en mayo de 2025. Como consecuencia directa, el COE aún no recibe los fondos estatales que le corresponden, afectando su funcionamiento y autonomía.
Roberto Ibáñez, viceministro del Deporte, en entrevista con diario El Universo, resaltó que sostiene su postura de que registrar la directiva encabezada por Jorge Delgado y Jefferson Pérez sería un incumplimiento de la ley vigente en Ecuador. Según Ibáñez, la legislación deportiva nacional —específicamente el artículo 151 de la Ley del Deporte— limita la reelección inmediata de los directivos a una sola vez. Aunque para Delgado sería su primera reelección como presidente, el viceministro insiste en que ya formó parte de directorios anteriores en cinco ocasiones, lo que viola el marco legal actual.
Ibáñez explicó que, en 2023, el entonces ministro Sebastián Palacios consultó a la Procuraduría General del Estado sobre una contradicción entre la Ley del Deporte y un reglamento instaurado durante la gestión de Andrea Sotomayor al frente del ministerio. La respuesta del procurador fue tajante: ningún exdirectivo puede ocupar cargos nuevamente sin haber dejado pasar al menos un periodo desde el final de su anterior gestión.
Este pronunciamiento, según Ibáñez, no es conocido ni por el Comité Olímpico Internacional (COI) ni por organismos internacionales, que en este mes mantuvieron su respaldo a la directiva de Delgado y Pérez para el ciclo 2025-2029. El COE, por su parte, defiende que las elecciones cumplieron tanto la Constitución ecuatoriana como la Ley del Deporte, el reglamento de 2020 y las disposiciones olímpicas, por lo que consideran que no hay razones legales para impedir el registro de la nueva directiva.
Además el viceministro rechaza que la cuestión sea de voluntad. Sostiene que inscribir la directiva le expondría a sanciones legales, administrativas y políticas, incluyendo destitución, inhabilitación para ocupar cargos públicos, multas económicas y la obligación de devolver recursos estatales. "Si mañana, por decisión de dos dirigentes que ignoran la ley, inscribo ese directorio, ningún ministro —ni Gilda Alcívar, ni yo ni quien venga— lo aprobará porque está claro que no se puede", afirmó.
Según Ibáñez, la única opción viable es convocar a un nuevo proceso electoral, donde participen federaciones legalmente reconocidas y con representación internacional. Subrayó que ningún candidato debe tener impedimentos legales y que, tras una votación transparente, inscribiría de inmediato al directorio ganador.
